En conjunto con académicos de la UAQ, la Fundación Siempre Habrá un Milagro propondrá una iniciativa de ley para sancionar la violencia contra adultos mayores
La Fundación Siempre Habrá un Milagro presentó una propuesta de adición a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La iniciativa, que será llevada al Senado de la República, busca sancionar la violencia contra adultos mayores e incorporar mecanismos de restitución de derechos.
Esperanza Osornio, fundadora de la organización, denunció: “Somos el cuarto tercero de su casa, somos las personas que ya no les importamos”. Enfatizó que la propuesta privilegia el respeto a la humanidad, al ser humano.
La iniciativa fue elaborada en colaboración con académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho declaró que se busca incluir en la ley la perspectiva del adulto mayor y su interés superior: “Nuestros adultos mayores enfrentan situaciones de pobreza, maltrato, abandono y exclusión social”.
Alba Olvera Bustamante, investigadora de la Facultad de Derecho dijo que se requiere tomar en cuenta la participación de los adultos mayores. Propuso crear un procedimiento de restitución de derechos para el INAPAM y establecer sanciones administrativas a servidores públicos que omitan denuncias.
“Se tomó como referencia la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que también va dirigida hacia un grupo en situación de vulnerabilidad. Se prevén sanciones que son multas de hasta mil 500 días de salario mínimo en caso de violación algún derecho humano de la persona adulto mayor, si no lo informan a la autoridad competente y en caso de reincidencia podrá ser hasta el doble”, declaró la docente.
Rosario Rosas Moreno, de la Facultad de Medicina urgió a brindar psicoeducación a familias y cuidadores. Cecilia Osornio, directora operativa de la fundación, reveló que en México hay más de 15.1 millones de adultos mayores, de los cuales el 47.5 por ciento vive en pobreza extrema. Agregó que el 59 por ciento sufre control sobre sus ingresos, el 55 por ciento abandono familiar y el 48 por ciento es objeto de expresiones discriminatorias.
La propuesta será presentada ante la presidenta del Senado, la fundación expresó apertura a colaborar con diputados locales y federales.
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