La reforma propone que los servicios notariales sean regulados por los gobiernos estatales, para garantizar su gratuidad o bajo costo para escrituras, testamentos, constitución de empresas, poderes y contratos
El grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma que busca garantizar el acceso universal a los servicios notariales, con el objetivo de contribuir a la certeza jurídica en México.
La senadora Nora Ruvalcaba, a nombre de la bancada morenista, presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reformaría el artículo 121 constitucional. Según el proyecto, en la actualidad dicho artículo permite que cada entidad fije los honorarios notariales, que genera "disparidades significativas".
De acuerdo con la propuesta, los costos notariales como la constitución de sociedades, testamentos y poderes, oscilan entre 3 mil 500 y 15 mil pesos, que se suman al "alto costo" en las transmisiones de inmuebles. En tanto que, las problemáticas que detectaron son:
- Altos costos notariales.
- Concentración de patentes notariales en círculos reducidos.
- Déficit en perspectiva social y de género.
Por ello, la reforma propone que los servicios notariales sean regulados por los gobiernos estatales, para garantizar su gratuidad o bajo costo para actos esenciales como: escrituras, testamentos, constitución de empresas, poderes y contratos.
En la iniciativa se lee que: "La reforma busca asegurar que la función notarial cumpla su propósito histórico y social: proteger derechos, dar certeza jurídica, fomentar la equidad y garantizar el acceso a la justicia para todos los mexicanos, eliminando barreras económicas y desigualdades derivadas de la regulación actual".
Además, el planteamiento incluye la creación de un sistema de supervisión y control de la función notarial, donde los lineamientos sean establecidos por los propios estados. También se busca establecer los mecanismos para verificar que los notarios sean abogados con acreditada capacidad y vocación de servicio.
En caso de aprobarse por el Congreso de la Unión, los estados tendrían un plazo de 180 días, a partir de su aprobación, para adaptar sus leyes notariales a la reforma y el Congreso deberá expedir en un año la Ley General de la Función Notarial para definir con detalle los actos que clasificaría como "esenciales".
Con información de: El Economista
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