Los análisis, las revisiones y los “sesudos” juicios sobre la movilización social de este sábado 15 de noviembre ya pasaron, ya quedaron en los medios y en el debate público, aunque no se van a acabar las descalificaciones, las acusaciones y las elucubraciones absurdas.
Lo que no puede pasar de largo es la responsabilidad del Estado mexicano de investigar y castigar a quienes cometieron actos de violencia y agresiones en el contexto de la protesta social.
Ya la presidenta mostró su pobreza argumental al momento de descalificar la manifestación del sábado, pero igual de lamentable fue la postura de la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugrada, y de su jefe de la policía, Pablo Vázquez, quienes se asumieron como las pobres víctimas de la violencia.
Y no es que la policía no haya sufrido los ataques directos, abusivos y gandallas, pero en su conferencia de prensa no mostraron los videos donde sus uniformados la cargaron con la misma o peor violencia contra personas que incluso no habían agredido a nadie.
Lo mismo sucedió en Morelia, Michoacán. De nuevo la policía perdió la cabeza y desquitó sus frustraciones.
No es falta de protocolos. La Secretaría de Gobernación presume que existe un protocolo homologado para la actuación policial en el contexto de la protesta social.
Tampoco es falta de capacitación. La Subsecretaría de Derechos Humanos ha realizado cursos de capacitación a fuerzas de seguridad pública, incluso con el apoyo de organizaciones como Artículo 19.
Lo que falla es que parece que no tienen interés en cumplir su labor de forma profesional y responsable.
Y aquí es donde vienen las agresiones contra medios y periodistas. En CDMX al menos siete colegas fueron víctimas de violencia directa y del robo de sus equipos de trabajo. Los policías fueron los principales agresores.
En Michoacán, al menos seis periodistas fueron víctimas de golpes, detención arbitraria, sometimiento violento y tratos crueles y degradantes por parte de policías.
Si los uniformados actuaran conforme a los protocolos, las cámaras de la prensa serían una gran herramienta para documentar eso, sus buenas actuaciones, pero como saben que son abusivos y gandallas, los policías saben que las imágenes captadas por la prensa son justo eso: la evidencia de su brutalidad.
Reconocer que se pasaron de violentos no es suficiente si no hay castigo, reparación del daño y garantías de no repetición.
P.D. Si alguien ve a la recién nombrada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Dolores González Saravia, díganle que su trabajo es investigar los abusos policiales, como los ocurridos el sábado 15 de noviembre. Tanto dijeron que era el mejor perfil y no se nota. Tanto dijeron que ser hermana de la gobernadora morenista de Morelos no era un impedimento para ser imparcial y objetiva, y menos se nota.
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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Conduce el programa “Expedientes MN”, que se transmite los viernes a las 18:10 h, por la cadena de Meganoticias.
Amenazas contra periodistas en Michoacán
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