sábado, 9 de agosto de 2025

Aprueban incluir el delito de amenazas en el Código Penal

Avalan incorporar delito de amenazas en el Código Penal del Estado de Querétaro. Foto: Especial
Avalan incorporar delito de amenazas en el Código Penal del Estado de Querétaro. Foto: Especial

El Congreso del Estado de Querétaro aprobó la iniciativa del diputado local de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital, para incluir el delito de amenazas en el Código Penal

Con 24 votos a favor, la 61 Legislatura aprobó, en un acumulado, el dictamen que reforma el Artículo 155 del Código Penal para el Estado de Querétaro, iniciativas impulsadas por el diputado Paul Ospital Carrera y el fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández. 

Esta iniciativa busca llenar un vacío legal, debido a que, según Ospital, “solamente el estado de Querétaro y el Estado de México no cuentan con el delito de amenazas dentro de su código penal. No está estipulado el delito de amenazas”. 

La reforma anterior, presentada en 2022, fue declarada inválida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por errores de redacción. Esta nueva versión tiene como objetivo prevenir delitos como feminicidio, homicidio y violencia familiar.

El legislador enfatizó que se trata de "brindarle el derecho y la capacidad a las personas que están siendo amenazadas, a las personas que están siendo violentadas hoy, que mañana puedan denunciarlas y que la autoridad tenga la facultad para sancionar a los violentadores".

Se informó que las sanciones para quien amenace con causar daño a otra persona van de uno a tres años de prisión, trabajos comunitarios hasta por seis meses y multas de 100 a 300 días. Si la amenaza se dirige a testigos, partes o autoridades en procesos penales, la sanción será de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta 600 días. Si la amenaza se cumple, las penas se incrementan hasta en un 50 por ciento.

Durante la misma sesión, se aprobó también la reforma al Código Urbano del Estado, conocida como “Ley baldío”, con 24 votos a favor y una abstención, la cual establece que el mantenimiento de terrenos baldíos será responsabilidad de los propietarios.

Ospital Carrera explicó que se busca facultar a los municipios para intervenir en predios abandonados que representan un riesgo para la seguridad, la salud y la protección civil.

Además, detalló que estos espacios “son aprovechados como lugares perfectos para escondites, para robos, para consumo de droga, para venta de droga, para el narcomenudeo”. También enfatizó que se han vuelto focos de basura e incendios. 

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