Comisión legislativa del Congreso de Querétaro respalda sanciones penales para proteger a estudiantes y deudores; busca hacer frente a escuelas patito y créditos "gota a gota"
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local aprobó por unanimidad dos reformas al Código Penal de Querétaro para frenar el crecimiento de las escuelas patito y las prácticas de cobro violento asociadas a los llamados créditos “gota a gota”.
El diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de dicha comisión, destacó que la modificación al artículo 56 de la Ley de Educación busca proteger a quienes “han pagado, estudiado y tenido la esperanza y el sueño de poder contar con un título”, pero terminan descubriendo que su certificado carece de validez oficial. La reforma impondrá de 3 meses a 4 años de prisión y hasta 180 días multa a propietarios o administradores que oferten estudios profesionales sin autorización o sin informar claramente que no cuentan con registro oficial.
Vega Guerrero precisó que la proliferación de anuncios informales ha derivado en fraudes que “hacen perder lo más importante: la esperanza y el dinero de la gente”. Agregó que la intención es “que acaben las ofertas fraudulentas de servicios educativos”, y que la autoridad disponga de herramientas para advertir a la población.
En sesión, la comisión aprobó adicionar el artículo 157 Bis para tipificar la cobranza extrajudicial ilegal, modalidad común en los créditos gota a gota. Estas prácticas, dijo el legislador, implican “créditos impagables, con altísimas tasas de interés, acompañados de mecanismos de extorsión y violencia”.
La nueva figura penal sancionará con 2 a 6 años de prisión y de 350 a 500 días multa a quienes, personalmente o mediante terceros, utilicen intimidación o violencia para exigir el pago de deudas, con agravantes cuando intervengan grupos delictivos o las víctimas sean personas mayores, menores o en situación de vulnerabilidad.
El legislador afirmó que Querétaro se coloca “a la vanguardia nacional” al atender un fenómeno en expansión. Además, aclaró que la norma no afecta a servicios educativos que no requieren registro, como escuelas de manejo o actividades formativas recreativas, pues “nadie puede ofertar un servicio hasta no tener el registro de validez, salvo cuando la ley no lo exige”.
Las iniciativas fueron enviadas al Pleno para continuar su trámite legislativo.
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