La SIP alertó sobre decisiones judiciales y reformas legales que atentan contra la libertad de expresión en varios estados del país, configurando un patrón creciente de censura
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el resurgimiento de mecanismos de censura en distintos estados de México, que incluyen decisiones judiciales inéditas, reformas legales regresivas y presiones institucionales contra medios independientes.
En un comunicado emitido este martes, la organización con sede en Miami advirtió que estos casos no son hechos aislados, sino parte de un patrón creciente de hostilidad contra la libertad de prensa en el país.
En Campeche, un tribunal local impuso una orden judicial al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse públicamente a la gobernadora Layda Sansores. Además, se ordenó al diario Tribuna Campeche someter su contenido a revisión previa por un interventor judicial, lo que la SIP calificó como un “caso claro de censura previa”, a pesar de que una instancia federal ya había declarado inconstitucional una sanción anterior contra el mismo comunicador.
En Puebla, la reforma al artículo 167 del Código Penal incorporó el delito de violencia digital, que castiga con cárcel la publicación de contenido que “afecte la dignidad” de una persona. La SIP advirtió que la ambigüedad del texto puede permitir su uso para perseguir a periodistas, activistas y usuarios de redes sociales que critiquen a autoridades.
En Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al medio digital La Silla Rota entregar documentos, videos y fuentes relacionadas con una investigación periodística sobre supuestas listas de votación utilizadas en los comicios judiciales del pasado 1 de junio. El medio denunció la exigencia como una amenaza al secreto profesional y a la protección de fuentes, ante la posibilidad de recibir una multa de hasta 590 mil dólares.
En Tamaulipas, el Tribunal Electoral ordenó al diario El Universal y al periodista Héctor de Mauleón retirar una columna crítica, tras una demanda promovida por una candidata. La Alianza de MediosMx señaló que el INE colaboró proporcionando datos personales del comunicador. En otro caso, también solicitó a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente, contraviniendo las leyes que protegen la confidencialidad periodística.
“Estos casos no son hechos aislados, sino síntomas de un entorno institucional cada vez más hostil al periodismo”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, lamentó que se están estableciendo precedentes graves en México en materia de libertad de expresión.
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