Omar García Harfuch informó de la suspensión de 13 casinos que realizaban presuntamente operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal; los establecimientos estaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Edomex, Chiapas y CDMX
Este miércoles, el Gobierno de México anunció la suspensión de 13 casinos físicos y virtuales por presuntas operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, detectadas a través de una investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como con el apoyo de agencias internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los establecimientos operaban en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y que mantenían flujos financieros hacia países como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario dijo que la investigación reveló patrones complejos de simulación fiscal y dispersión de recursos, mediante los cuales los casinos reportaban operaciones en efectivo y declaraciones en ceros, mientras enviaban montos millonarios al extranjero a través de plataformas no supervisadas.
Por lo que entre las medidas adoptadas se incluyen la suspensión inmediata de actividades, el bloqueo de páginas electrónicas y cuentas bancarias vinculadas, así como la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En tanto, Gisel Galeano, procuradora fiscal, indicó que los casinos operaban mediante el robo o uso fraudulento de datos bancarios de personas comunes, principalmente jóvenes, estudiantes, amas de casa y jubilados, quienes eran utilizados sin saberlo para mover dinero ilícito. Agregó que los recursos eran enviados a paraísos fiscales y posteriormente reintegrados a México bajo apariencia de ganancias legales o ingresos empresariales, en un ciclo repetido miles de veces.
Por su parte, Sheinbaum destacó que la estrategia de seguridad de su gobierno incluye seguir el flujo financiero vinculado con grupos criminales, reforzando la coordinación entre la UIF, el Sistema Nacional de Inteligencia y sus contrapartes internacionales. Además, aclaró que por razones legales no pueden revelarse los nombres de los casinos ni de las empresas involucradas, pues las investigaciones siguen en curso y adelantó que las autoridades federales trabajan en una reforma legal para actualizar la regulación de casinos digitales.
Con información de: El Economista
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