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En tanto, voces críticas con el gobierno argentino han denunciado que eso implicaría un aumento de la supervisión y vigilancia del Estado a varios niveles
Este martes, el gobierno de Argentina ha introducido una reforma policial que autoriza labores de "ciberpatrullaje", así como detenciones sin orden judicial previa; esta medida fue lanzada a solo un día de la fecha selañalada para la convocatoria de protestas en señal de apoyo a la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien ha sido condenada a seis años de prisión por corrupción.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad argentina, defendió que estas medidas se ajustan a las ya utilizadas por la Policía Federal de Estados Unidos (FBI) y ha dado el visto bueno para que las fuerzas de seguridad procedan a hacer registros sin la autoización de un juez para "prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos".
También dijo que esto permitirá salvaguardar la "seguridad del Estado argentino", pese a que defensores de Derechos Humanos y expertos legales alertaron de posibles consecuencias para las libertades y derechos fundamentales de los argentinos.
Esta nueva normativa permitirá a la Policía supervisar cuentas en redes sociales y direcciones web. Asimismo, en el texto publicado queda detallado que la policía ahora cuenta con estas facultades siempre y cuando existan "circunstancias objetivas" que hagan presumir un delito o "ante la imposibilidad de esperar a que se tramite una orden judicial".
En tanto, voces críticas con el gobierno han denunciado que eso implicaría un aumento de la supervisión y vigilancia del Estado a varios niveles, activando mecanismos ya utilizados en el pasado por el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Sin embargo, la ministra volvió a justificar que estos cambios han indicado que su objetivo es "profesionalizar" las fuerzas de seguridad para ponerla a la altura de los "estándares internacionale como los del FBI".
Con información de: El Economista
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