Una de las cuestiones clave que se debate es "la doctrina de las cuestiones importantes", según la cual, el Congreso tiene que autorizar al presidente las medidas de fuerte calado
Este miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos llevó a cabo la primera sesión sobre la legalidad de algunos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
Los miembros del alto tribunal tienen el futuro de la agenda comercial del líder republicano, así como los millones de dólares que prevé recaudar para las arcas públicas. Por lo que los nueve ministros dirimen si los poderes de emergencia del presidente dan a Trump la facultad de imponer aranceles a casi todos sus socios comerciales, como los dirigidos a México.
El bando opuesto al magnate, argumentan que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no permite a Trump desplegar a batería de impuestos aduaneros.
Es de destacar que una de las cuestiones clave que se debate es "la doctrina de las cuestiones importantes", según la cual, el Congreso tiene que autorizar al presidente las medidas de fuerte calado.
En tanto que, el fiscal general John Sauer que defiende al gobierno, indicó a los nueve magistrados que esta doctrina no aplica debido al amplio abanico de competencias inherentes al cargo de presidente. Además, advirtió que la anulación de los aranceles expondría a EUA a "represalias comerciales implacables" por parte de otros países; mencionó que en este caso no es la imposición de aranceles, sino la regulación del comercio exterior.
Por su parte, varios magistrados expresaron sus dudas sobre las facultades que confiere a Trump la invocación de la IEEPA, debido a que solo señala poderes presidenciales para "regular las exportaciones e importaciones" y no para imponer aranceles.
El juez conservador John Roberts indicó que el presidente utiliza esta ley de emergencia "para imponer aranceles aduaneros independientemente del producto y del país de origen, eligiendo el importe y la duración".
Pese a que el alto tribunal considera ilegales todos los gravámenes, la administración Trump podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles del 15 por ciento durante 150 días y aprovechar ese plazo para abrir investigaciones oficiales, como le concede la Sección 301 de la Ley de Comercio.
Con información de: El Economista
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