No pensaba escribir nuevamente esta semana sobre la reforma judicial, pero al leer el texto de Luigi Ferrajoli, “La reforma judicial mexicana: cómo se destruye el estado de derecho”, no podía no hacerlo; su lectura resulta obligada ante la inminente reforma a la “Ley de Amparo” y en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la impartición de justicia en este país.
Y es que no se trata de un escrito de esos “comentócratas del conservadurismo”, tan vilipendiados y desacreditados en las mañaneras; hablamos de un jurista y filósofo del Derecho, cuyas aportaciones a la teoría del constitucionalismo, los derechos fundamentales y el garantismo jurídico, son reconocidas mundialmente.
Y este “grande” inicia el artículo con una contundente frase: “La reforma del poder judicial aprobada en México el 15 de septiembre de 2024 equivale, de hecho, a la supresión de la separación de poderes y a una violación del estado de derecho. Equivale, además, a la negación del paradigma constitucional de las actuales democracias avanzadas, que consiste en un sistema de límites y vínculos al poder político, de los que los más importantes son los derechos fundamentales y la separación de poderes”.
Sí, Ferrajoli asevera que convertir la magistratura en “un cuerpo de jueces electivos”, incorporados de hecho al poder político, constituye una “gravísima regresión que ha suscitado el estupor y las protestas de toda la cultura jurídica internacional, dado que transforma la democracia mexicana en una autocracia electiva, análoga a la de la Turquía de Erdogan o a la Hungría de Víctor Orban”.
Agrega que la ilimitada concentración de todos los poderes en la mayoría gobernante es resultado de una combinación de “voluntad de involución autoritaria” y de “incomprensión de la complejidad institucional de la democracia.”
Asimismo, el académico explica cómo, en estos años, ha sido difundida en Occidente una concepción simplificada, elemental, primitiva y autoritaria de la democracia, la cual, describe como “la conquista de la mayoría en las elecciones; las mayorías y su jefes serían la expresión de la voluntad y de la soberanía popular que, en cuanto tales, no admitirían ni límites ni vínculos a sus poderes”; lo que, acota, contrasta en la forma como la conciben las constituciones avanzadas.
Contraviene a Andrés Manuel López Obrador en lo que este sostuvo una y otra vez acerca de que la representación política a través de las elecciones es la fuente de la legitimación democrática de todos los poderes públicos; ya que puntualiza: “Las fuentes de legitimación de las funciones judiciales son totalmente diferentes, incluso opuestas a las de las funciones políticas del gobierno”.
Sostiene que la legitimidad de la jurisdicción, radica también en su función de garantizar los derechos de las personas; lo que exige la independencia de los jueces de cualquier poder. Y ejemplifica: “Ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede hacer legítima la condena de un inocente, la absolución de un culpable, la restricción de un derecho de libertad o la falta de satisfacción de un derecho social”.
Con base en lo anterior el populismo, el exceso de asesores, la inexperiencia y las pifias que estamos viendo en los nuevos ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación (y no se diga en los jueces y magistrados), acaban siendo meras anécdotas que inundan las redes sociales -con serias consecuencias para los justiciables, indudablemente- ante lo que realmente conlleva la reforma judicial: la destrucción de la separación de poderes y el encaminarnos hacia el autoritarismo… ante la indiferencia de millones de mexicanas y mexicanos.
¡Ánimo, lo mejor es lo peor que se va a poner!
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