El académico José Rojano dijo que la Corte Suprema de EUA aún no ha resuelto la constitucionalidad del decreto, ya que estableció limitaciones para que los jueces de 28 estados puedan suspender esa orden ejecutiva
El doctor en Derecho, José Carlos Rojano Esquivel, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), explicó, ante la controversia legal en Estados Unidos sobre el decreto del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados. Advirtió que, si bien la Corte Suprema de EUA aún no ha resuelto la constitucionalidad del decreto, su reciente determinación representa una victoria política para Trump.
“En términos de béisbol, ahorita el señor Trump ganó una base por bola, pero pues falta el resto del partido”, consideró Rojano Esquivel.
Explicó que el decreto de Trump es una "medida ejecutiva" que busca eludir largos procesos legislativos. Inicialmente, dijo, algunos jueces en Estados Unidos intentaron frenar esta orden ejecutiva. Sin embargo, señaló que la Corte Suprema del vecino país, no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto, sino que estableció limitaciones para que los jueces de 28 estados de la Unión Americana puedan suspender dicha orden ejecutiva. Esto significa que, "por lo pronto, se aplica en 28 estados".
El especialista indicó que la cuestión de la constitucionalidad de la medida tendrá que ventilarse finalmente ante la Corte Suprema. Precisó que algunos fiscales, como el de Nueva York, ya han expresado que el presidente Trump podría estar "rebasando sus facultades constitucionales".
Enfatizó que cada país tiene sus propias reglas para la asignación de nacionalidad, ya sea por nacimiento en el territorio o por la nacionalidad de los padres y que los instrumentos internacionales reconocen el derecho a la nacionalidad. También Rojano Esquivel destacó la creciente complejidad de la doble o múltiple nacionalidad.
Sobre el futuro de esta controversia legal, se refirió a la influencia política en las decisiones judiciales, especialmente en épocas electorales, donde los jueces pueden inclinarse por "razones más de orden político que por orden jurídico". En estos escenarios, a menudo son "los migrantes los que acaban pagando los platos rotos", mencionó.
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