En el Congreso Local, un grupo de personas acusó por presuntos fraudes inmobiliarios a empresas que supuestamente cuentan con la protección de autoridades de diferentes niveles
Ciudadanos presuntamente afectados por fraudes inmobiliarios alzaron la voz en el Congreso del Estado de Querétaro para denunciar un esquema sistemático de despojo patrimonial, operado, según acusan, por desarrolladoras protegidas por autoridades de distintos niveles.
Respaldados por la diputada de Morena Rosalba Vázquez Munguía, los inconformes en relación con por lo menos 10 desarrollos inmobiliarios exigieron justicia, reparación del daño y castigo ejemplar para quienes, bajo la apariencia de legalidad, han vendido promesas vacías a cientos de familias en Querétaro.
Acusaron haber sido víctimas de desarrolladoras que operan con aval político y complicidad de funcionarios públicos. Claudia Manilla, en representación del colectivo, afirmó:
“Somos un grupo de personas contra los defraudadores inmobiliarios y sus protectores, somos víctimas de desarrolladores inmobiliarios que han diseñado de forma protegida por las instituciones un modelo de negocio basado en el engaño”.
Denunciaron a desarrolladoras como Grupo Camelot (Quercus), Generación de Desarrollo Sustentable S.A. de C.V. (El Roble), Grupo Cima (Porto Blanco Cimatario), Ruandi S.A.P.I. (Valle del Cimatario), e Inmobiliaria Carter (Tierra Noble, en ejido El Zapote), entre otras.
Expusieron el caso de Tierra Noble como uno de los fraudes más graves. De acuerdo con Claudia Manilla, la empresa Carter comercializó terrenos ejidales en el Ejido El Zapote, sin contar con permisos para la venta o construcción. Las denuncias por este caso comenzaron en 2020 y actualmente superan las 100, con un monto defraudado que rebasa los 16 millones de pesos, según datos de la Fiscalía.
“No se requiere ser experto para ver que Querétaro es el estado con más fraudes inmobiliarios en México, respaldados por distintos niveles de gobierno”, denunció Manilla. Exigieron al Congreso local que se legisle para tipificar el fraude inmobiliario como delito específico.
Criticaron el llamado “semáforo inmobiliario”, al que calificaron como una simulación para legitimar proyectos irregulares, y exigieron sanciones para frenar una práctica que, advirtieron, se replica en varios municipios queretanos.
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