La lideresa estatal del PRI en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos, calificó la nueva Ley General de Aguas como una norma “perversa, regresiva y profundamente centralista”
Abigail Arredondo Ramos, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Querétaro, rechazó el contenido de la nueva Ley General de Aguas calificándola como una norma "perversa, regresiva y profundamente centralista" que perjudica a miles de productores, concesionarios y usuarios.
Durante una reunión con líderes agrarios, afirmó que el Gobierno de México pretende concentrar el control político y económico del líquido vital.
“El agua dejará de ser un derecho exigible y se convertirá en una prerrogativa del gobierno, lo que representa un retroceso en las libertades, la autonomía y los derechos adquiridos por los productores del campo mexicano”, sostuvo.
La también diputada federal del PRI aseguró que la iniciativa es profundamente centralista, pues plantea concentrar todas las decisiones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debilitando el federalismo y anulando la participación de los organismos locales y de los módulos de riego. Además, que los trámites se volverán más complejos y lentos, pues la dependencia federal no cuenta con la capacidad, infraestructura ni presupuesto para atender la demanda ciudadana.
“No podemos permitir que se vulnere el derecho al agua, ni que se use como instrumento político o de recaudación. El PRI siempre ha defendido el federalismo, la justicia social y el desarrollo del campo mexicano. Hoy, más que nunca, debemos alzar la voz por las y los productores que dan vida a nuestro país”, mencionó Arredondo Ramos.
Por su parte, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Querétaro, Joaquín Montenegro, advirtió que la nueva Ley General de Aguas representa una amenaza de criminalización para los productores del campo en México.
“Se trata de una reforma que criminaliza a los usuarios del agua. Cualquier concesionario puede ser acusado de cometer delitos hídricos, cuando en realidad es el propio gobierno el que no tiene la capacidad de actualizar trámites ni atender las solicitudes pendientes”, aseveró.
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