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Al presentar su informe de actividades ante la 61 Legislatura, el titular de la DDHQ, Javier Rascado Pérez, dio a conocer que en 2025 la institución emitió 13 medidas cautelares
El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Pérez, entregó ante la 61 Legislatura del estado su Informe de Actividades 2025, en el que reportó la consolidación de un giro institucional hacia la prevención de violaciones a derechos humanos, a partir de incrementos sostenidos en atención, supervisión y alcance social.
Ante diputadas y diputados, afirmó que el informe no debe leerse como una suma de acciones o cifras, sino como “la exposición de un método institucional y de una decisión: cómo quiere Querétaro administrar sus tensiones y gobernar sus conflictos”.
Rascado Pérez indicó que Querétaro enfrenta una mayor complejidad social que hace una década, por lo que los derechos humanos deben asumirse como una herramienta práctica de estabilidad democrática. “Una política pública de derechos humanos madura no se mide solo por lo que repara, sino por lo que logra evitar”, afirmó.
De acuerdo con el informe, entre 2022 y 2025 la DDHQ prácticamente duplicó su alcance social, al pasar de 33 mil 852 a 63 mil 417 personas capacitadas o beneficiadas, un crecimiento del 87 por ciento. En el mismo periodo, las acciones de atención y defensa aumentaron 79 por ciento, al pasar de 3 mil 527 a 6 mil 341.
Uno de los indicadores centrales del giro preventivo, dijo, es el fortalecimiento de la supervisión. Las inspecciones a centros de detención, salud, rehabilitación y espacios de atención a grupos vulnerables pasaron de 139 a 338 entre 2022 y 2025, un incremento del 143 por ciento, lo que, afirmó, “es quizá la prueba más sólida de la evolución institucional”.
En materia jurídica, informó que en 2025 dictaron 13 medidas cautelares y que, desde 2022, el 100 por ciento de las resoluciones impugnadas ante la CNDH han confirmado el sentido original de la Defensoría.
Finalmente, el ombudsman llamó a consolidar la prevención como política pública: “La dignidad humana no se gestiona después del daño, se protege antes de que el daño se vuelva costumbre”, concluyó.
