El INE en Querétaro espera firmar convenios con el Sistema Penitenciario Estatal para que personas en prisión preventiva o con sentencia puedan tramitar su credencial de elector. Los primeros podrán votar y los segundos, usarla como identificación
En Querétaro, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) está en espera de que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Lectores formule los convenios para que se pueda establecer el acuerdo con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario para dar cumplimiento a los lineamientos que aprobó el Consejo General el 28 de agosto, para que las personas de nacionalidad mexicana que se encuentran en prisión preventiva o bajo sentencia condenatoria puedan tramitar de manera voluntaria su credencial de elector.
El vocal del Registro Federal de Electores, Domingo Bautista Durán, puntualizó que la credencialización se dará a petición de parte y que les permitirá a las personas en prisión preventiva ejercer su derecho al voto y a quienes cumplen con una condena les permitirá identificarse.
Recordó que, con anterioridad, el INE en Querétaro ya ha trabajado en colaboración con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, por ejemplo, en el pasado proceso electoral, para la emisión del voto de las personas en prisión preventiva que, al no contar con sentencia firme, ejercieron su derecho a votar.
“Estamos esperando el formato de convenio con el propósito de establecer las líneas y bases para que tanto el servicio de la credencialización a las personas privadas de la libertad puedan acceder a un medio de identificación en el caso de las personas en prisión preventiva, obviamente bajo una lógica de identificación, y si todavía no es sentenciado, pues, todavía serviría como el medio para votar. Sin embargo, en el caso de las personas que ya tienen una sentencia, pues sería como medio de identificación”, refirió.
Explicó que, para obtener su credencial, las personas privadas de su libertad deberán presentar los tres documentos que se solicitan de manera habitual: acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con fotografía. Para ello, los interesados tendrán que determinar a una persona que sea su “enlace” para que entregue su solicitud de manera personal. Agregó que la credencial tendrá la misma vigencia de 10 años.
Puntualizó que el convenio establecido con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario definirá la disposición del medio de identificación al interior de los centros penitenciarios de acuerdo con los protocolos internos.
“Obviamente si hay posibilidades de entrega dentro de este procedimiento, pues, será entregada cuando se solicite o cuando esté disponible y, en su caso, de que no es posible la entrega por las condiciones propias de la sentencia que se haya emitido por juez, pues esta credencial estará en las oficinas del instituto hasta durante 10 años o hasta que la persona quede en libertad, y en su caso pueda acudir por ella o en su caso iniciar nuevamente un trámite. Son consideraciones que todavía se establecen en el acuerdo del Consejo General, en los lineamientos, pero en el momento que ya se construyen en la entidad los convenios de colaboración y sobre todo también este acercamiento y el interés de las personas que estén en este supuesto, pues, estaremos llevando ya este ejercicio”, refirió.
Subrayó que, de manera permanente, el INE proporciona información a los centros penitenciarios sobre las modalidades de expedición de credencial para votar una vez que las personas son puestas en libertad. Para ello, señaló, verifican la información con los juzgados. Sobre el acuerdo del Consejo General de INE, Mayela Portos Hernández, expresidenta del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, afirmó que este permitirá garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva e incluso lo materializa con la entrega del plástico, pero que también las personas sentenciadas, que tienen sus derechos políticos electorales suspendidos, tendrán el beneficio de tener vigente una credencial como identificación.
Como antecedente, recordó que, en 2018, dos personas en prisión preventiva del Centro Federal de Readaptación Social de Chiapas presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal escritos que alegaban la omisión del INE, por no emitir lineamientos que garantizaran su derecho a votar.
“Cuando esto se lleva a cabo, sobre un análisis del derecho al voto y que tenía que ver con la presunción de inocencia, porque recordemos que cuando se les dio derecho al voto a las personas no fue para toda la población de internos, solamente fue para las personas que estaban en prisión preventiva. Y se alega que estas personas, pues, todavía no se les ha dictado una sentencia y, por lo tanto, pues, no se les podría restringir de ese derecho”, narró.
En consecuencia, refirió que el INE implementó el voto para las personas en prisión preventiva en el proceso electoral 2023-2024.
“Esta sentencia (…)reconoce de manera muy general el derecho a voto de todas las personas en prisión preventiva en México y señala esta resolución, a muy grandes rasgos, que bajo el principio de presunción de inocencia, pues, tenían derecho a votar. Después, el INE determinó emitir, pues, también estos lineamientos que garantizarán el voto, porque una cosa es que te reconoce el derecho, pero la otra es cómo se va a materializar. Y es así como sale esta cuestión de la expedición de estas credenciales”, dijo.
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