Migrantes centroamericanos en la frontera sur señalan extorsiones y violencia en sus países, mientras ACNUR reporta un aumento de agresiones a migrantes que ingresan de forma irregular a México
Migrantes centroamericanos varados en la frontera sur de México denunciaron este viernes que enfrentan extorsiones y violencia en sus países de origen, lo que les impide regresar, y que las políticas más estrictas de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump dificultan avanzar hacia ese país. Por ello, insistieron en la necesidad de obtener refugio en México.
Uno de los casos es el de Steven Armando, de 20 años, originario de Guatemala, quien relató que huyó después de que pandillas asesinaran a varios miembros de su familia por no pagar la extorsión.
“Tengo una muerte segura si regreso, allá me ven como un blanco fácil. Me ha obligado a buscar vivir aquí”, señaló.
La ciudad de Tapachula, en Chiapas, se mantiene como punto de concentración de miles de personas migrantes que buscan dejar atrás la violencia, pero que enfrentan trámites largos y condiciones precarias mientras esperan una resolución a sus solicitudes.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el 61 por ciento de quienes ingresaron de manera irregular a México en 2025 sufrieron violencia, amenazas o intimidación en sus países de origen, una cifra mayor al 53 por ciento registrado en 2024.
Douglas Bryan Velázquez, también guatemalteco, explicó que en su país incluso vendedores ambulantes deben pagar extorsiones, y quienes no lo hacen son asesinados. “A veces la misma policía advierte a los pandilleros si alguien denuncia, eso nos obliga a salir”, dijo.
Otro migrante, el salvadoreño Carlos Castillo, denunció hostigamiento por parte de las autoridades de su país pese a que las pandillas ya no operan. Pidió a las instituciones mexicanas agilizar los procesos de refugio para encontrar oportunidades laborales y estabilidad.
La condición irregular de esta población incrementa su vulnerabilidad en México, al exponerlos a asaltos, fraudes y empleos precarios sin acceso a servicios básicos, lo que refuerza su demanda de protección y residencia legal en el país.
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