El objetivo es sancionar penalmente a quienes ofrezcan servicios educativos sin el RVOE; se contemplan penas de cuatro a ocho años de prisión, así como multas y otras sanciones administrativas
El diputado local independiente Enrique Correa Sada, en colaboración con el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Querétaro, con el objetivo de sancionar penalmente a quienes ofrezcan servicios educativos sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
“Busca reformar el Código Penal del Estado de Querétaro para sancionar penalmente a quienes ofrezcan servicios educativos sin contar con el reconocimiento de validez oficial”, expresó el legislador.
La iniciativa que plantea una reforma al artículo 194 del Código Penal del Estado de Querétaro para tipificar como fraude la oferta de servicios educativos sin RVOE, propone sanciones que incluyen penas de cuatro a ocho años de prisión, además de multas y otras sanciones administrativas dirigidas a propietarios y administradores de estas escuelas que engañan a estudiantes y a sus familias.
Correa Sada enfatizó que este tipo de fraude impide la obtención de títulos válidos, lo que limita el desarrollo profesional y académico de los afectados.
También precisó los dos objetivos de la iniciativa: en primer lugar, dijo es otorgar a las autoridades herramientas jurídicas específicas para combatir este delito, ya que el fraude genérico actual conlleva penas menores y el proceso es predominantemente administrativo. En segundo lugar, busca generar conciencia ciudadana para que todas las personas, antes de inscribirse o mientras ya cursan estudios, validen la oficialidad de la institución. Agregó que la validación puede realizarse en los registros públicos de la Dirección de Educación del estado o la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Informó que en Querétaro se han documentado casos y mencionó como ejemplo que en 2016 se reportaron 25 instituciones sin validez oficial y en 2019 se registraron 22 denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por estas situaciones.
La iniciativa es respaldada por diputados panistas como Gerardo Ángeles, Guillermo Vega, Leonor Mejía y Verónica Galicia.
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