Integrantes de la Asociación Parque Intraurbano Jurica lograron una sentencia judicial para garantizar la preservación de las parcelas 41 y 42 del Área Natural Protegida Jurica Poniente
Tras años de lucha en defensa del área ambiental, vecinos integrantes de la Asociación Parque Intraurbano Jurica informaron que obtuvieron sentencia firme y favorable para proteger las parcelas 41 y 42 del Área Natural Protegida (ANP) Jurica Poniente.
“Ganamos el amparo y hoy les decimos con mucho gusto que ganamos en segunda instancia. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia queda firme, esos predios se tienen que regresar a su condición natural”, dijo Juan Concha Malo, miembro de la asociación.
La resolución confirma la ilegalidad y vicios con los cuales fueron aprobados los cambios de uso de suelo en 2018 para desarrollar 280 casas en 11 hectáreas ejidales; lo que vulneró la seguridad jurídica, el debido proceso y contravino la normatividad estatal, explicó Concha Malo y destacó que se trata de la primera sentencia que se da a nivel nacional en materia de justicia climática.
Izarelly Rosillo Pantoja, abogada de la asociación, expuso que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito sustentó nuevos argumentos en relación con el riesgo de inundaciones, la función de las áreas protegidas en la recarga de acuíferos y las facultades concurrentes en materia de asentamientos humanos.
“El tribunal asevera y confirma que las autoridades señaladas como responsables, tanto el Ayuntamiento, por omisión, como el Estado, no respetaron los principios ambientales de prevención, precaución, in dubio pro aqua, in dubio pro natura, progresividad de los derechos humanos y no regresividad”, declaró Pantoja.
La sentencia obliga al municipio a reincorporar las citadas parcelas en forma definitiva al ANP, a hacer un plan de manejo, a no otorgar cambios de uso de suelo y a adoptar un manejo restaurativo.
En tanto, obliga al Estado a no modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Querétaro (POEREQ); a incorporar a este su actualización por las condiciones del cambio climático; a que todas las instancias estatales cumplan con la sentencia; y a garantizar que no se repita el acto reclamado.
Los ciudadanos buscarán ahora asesoría internacional para el manejo del parque y promoverán reformas en el Congreso de la Unión, para proteger las 224.1 hectáreas.
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