La violencia patrimonial se ha convertido en el principal riesgo para las personas adultas mayores en Querétaro, quienes con frecuencia son manipuladas para firmar documentos legales sin entenderlos. La procuraduría del DIF interviene junto con autoridades judiciales para frenar estos engaños y proteger el patrimonio de las víctimas
La titular de la Procuraduría de Atención y Protección Integral a Personas Adultas Mayores del Sistema Estatal DIF de Querétaro, Paola Fernández Trejo, informó que, al mes, reciben un promedio de 50 reportes de posible omisión de cuidados o de algún tipo de violencia.
Precisó que, de dicha cifra, entre 15 y 16 casos se confirman, siendo la violencia patrimonial la que más se comete en contra de las personas adultas mayores, quienes no son informadas sobre la finalidad del trámite o acto jurídico que van a realizar.
“Algo que tenemos muy claro y ya muy comprobado en estos años es que la procuraduría, desde el 2022 que nos instalamos, es que la mayor parte de la violencia que hemos visto que se ejerce es la patrimonial. Tenemos muchos casos donde al adulto mayor se le lleva a hacer trámites con engaños que al final terminan en un préstamo, en un poder, en una cesión de derechos, en un testamento, y sin que realmente hubiera una explicación al adulto mayor de cuál es la trascendencia del acto jurídico que va a realizar o que, incluso, ya su situación cognitiva no le permita celebrar actos jurídicos, y es ahí cuando nosotros entramos también, en conjunto con el tribunal, con la fiscalía para poder recuperar su patrimonio”, señaló.
Explicó que cuando reciben un reporte de parte de la ciudadanía, autoridades o de la propia persona, inician de manera inmediata un proceso multidisciplinario que comienza con el acercamiento con el adulto mayor y su red de apoyo.
“Las cuestiones médicas son muy importantes, por eso es que nosotros contamos con departamento de Psicología, de Trabajo Social, Jurídico, departamento Médico y un departamento de Vinculación con centros de asistencia social. De tal manera que cuando tenemos este primer acercamiento por el equipo, conocemos cuál es la situación del adulto”, dijo.
Confirmación del caso
Paola Fernández refirió que cuando la procuraduría confirma que se trata de violencia patrimonial, psicológica o física, el departamento Jurídico se activa, se abren carpetas de investigación con la fiscalía o en tribunales con el propósito de trazar “un plan de acción para proteger al adulto mayor”.
Puntualizó que ningún caso se puede generalizar, porque las situaciones de cada persona adulta mayor son diferentes.
Por ejemplo, dijo que cuando a un adulto mayor se le retira de su casa o propiedad sin su consentimiento, la procuraduría, previo análisis multidisciplinario del caso, les solicita a las autoridades judiciales una medida urgente o que se inicie un juicio para reintegrarlo a su domicilio.
No obstante, señaló que también se garantiza que la persona adulta mayor que recupera su patrimonio cuente con una red de apoyo para que no caiga en situación de abandono.
“No puede haber una regla general, porque cada caso es muy particular. Obviamente lo primero es tomar en cuenta su voluntad, su opinión, y hay personas que incluso el hecho de que se les haya sacado de su casa, pues, ya hubo una afectación en su salud emocional, en su salud mental. Hay que ver quién lo va a cuidar, cómo se le va a acompañar, si la casa tiene adecuaciones, por supuesto, respetando siempre la voluntad del adulto mayor; en ese caso, pues, nosotros no lo podemos hacer directamente, siempre tiene que ser con el acompañamiento de un juez, que es quien tiene la facultad de ordenar el uso de la fuerza pública o de que se pueda abrir un domicilio”, mencionó.
Por otra parte, afirmó que, en caso de que la persona adulta mayor requiera vivir en casa de un familiar o en un centro de asistencia, no significa que no pueda disfrutar de su patrimonio o recobrar la posesión.
En este tipo de casos, subrayó, el juez nombra una persona de apoyo que administre el patrimonio del adulto mayor con transparencia, por ejemplo, a través de una renta, cuyo dinero le sea entregado.
“Eso lo hace un juez, para que una persona cercana a él sea quien lo apoye, como dice el nombre, justo para que pueda administrar su patrimonio y para que sea un beneficio para él, con una transparencia, rendición de cuentas ante el juez, y que de esta manera nos aseguremos que el patrimonio se utiliza para beneficio del adulto mayor y no para otra persona”, enfatizó.
La procuradora informó que del 1 de enero al 31 de octubre de 2025 han recibido 476 reportes, de los cuales, en cerca de 230 se ha confirmado la comisión de algún tipo de violencia u omisión de cuidados.
Además, indicó que, al corte del 21 de noviembre, tienen participación en 400 juicios familiares a petición de un juez.
“Hay otros casos que nos llegan directamente de los jueces. Nos implica el estar de una manera activa, conociendo al adulto, viendo que tenga una correcta representación jurídica, saber si tiene o no algún tipo de discapacidad, que necesite que en todo procedimiento las autoridades se adecúen a él para que pueda expresar su opinión; eso lo hacemos a través de una figura que se llama representación coadyuvante en todos los juicios donde hay una persona adulta mayor vulnerable”, agregó.
“No solo es luchar en el colchón, sino en la vida”
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