La propuesta busca sustituir el modelo de Asociaciones Público-Privadas, vigente desde 2012, por un nuevo esquema que prioriza la equidad social, la inversión transparente y el desarrollo regional equilibrado
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar presentó en el Senado de la República una iniciativa para crear la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, propuesta que busca sustituir el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APPs), vigente desde 2012, por un nuevo esquema que prioriza la equidad social, la inversión transparente y el desarrollo regional equilibrado.
Dijo que tras más de una década de operación, las APPs han mostrado severas deficiencias: falta de rendición de cuentas, asignación inadecuada de riesgos, sobrecostos, pérdida de control estatal sobre los activos y una lógica financiera más enfocada en beneficios privados que en necesidades públicas. Agregó que diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han documentado estas fallas, lo que justifica plenamente el cambio de rumbo que plantea esta nueva legislación.
Esta propuesta busca no solo derogar el marco legal actual, sino construir un nuevo régimen de inversión en infraestructura que contemple esquemas más flexibles y justos; contempla cuatro modalidades de inversión: directa, indirecta, mixta y mínima. Cada una permitirá distintos grados de participación pública y privada, pero siempre bajo criterios de transparencia, eficiencia y beneficio social. La diferencia con el modelo anterior es que fortalece el papel del Estado y garantiza que las decisiones sobre proyectos respondan al interés colectivo.
Uno de los pilares de la iniciativa es la creación de la Comisión de Infraestructura para el Bienestar, un órgano interinstitucional que coordinará, evaluará y autorizará todos los proyectos. Estará presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y contará con la participación de dependencias clave como Infraestructura, Economía, Medio Ambiente, Bienestar y Desarrollo Territorial; su objetivo será garantizar que cada obra se alinee con los principios de eficiencia, rendición de cuentas y bienestar de las comunidades. También se contempla el establecimiento del Fondo de Infraestructura para el Bienestar, que estará enfocado en financiar proyectos en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.
Ramírez Cuéllar resaltó que esta legislación se alinea con el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha planteado elevar la inversión privada al 24 o 25 por ciento del PIB y fortalecer el papel del Estado como impulsor del desarrollo. Destacó que el país cuenta con recursos disponibles en fideicomisos, Afores y banca de desarrollo que pueden movilizarse bajo este nuevo marco jurídico para detonar un crecimiento incluyente.
“La nueva Ley de Infraestructura para el Bienestar es una apuesta clara por un modelo de desarrollo que no deja a nadie atrás. Queremos cerrar brechas, garantizar servicios básicos y reorientar la inversión hacia donde más se necesita. Esta es una legislación para la gente, no para los negocios de unos cuantos”, aseguró.
Recalcó que la iniciativa ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y está lista para ser discutida por las comisiones legislativas correspondientes, ya que dijo que “invertir en infraestructura es invertir en bienestar (...) y avanzar hacia un esquema más justo, con reglas claras, transparencia y vigilancia ciudadana”.
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