El Gobierno federal y los 32 estados avanzan en la homologación de la reforma que redefine el delito de abuso sexual
El Gobierno de México anunció un acuerdo con los 32 estados para homologar en sus códigos penales la nueva definición del delito de abuso sexual, recientemente reformado a nivel federal. La medida será uno de los ejes de la estrategia nacional para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres.
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, explicó que la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal busca unificar criterios para prevenir, denunciar y sancionar agresiones sexuales. Señaló que el objetivo es garantizar procesos más claros y una actuación uniforme en todo el país.
De acuerdo con la funcionaria, 22 entidades ya presentaron iniciativas en sus congresos locales para adecuar sus legislaciones, una fue avalada en comisiones y otras diez registrarán las propuestas este martes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“El compromiso es que los 32 congresos del país adecúen sus normativas”, dijo.
La reforma federal define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces o exhibiciones, y establece penas de tres a siete años de prisión, multas económicas y talleres reeducativos obligatorios. También prevé agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, ministros de culto o en casos de violencia.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez, informó que el proceso será acompañado por un programa nacional de capacitación para fiscalías y tribunales, con el fin de mejorar la procuración de justicia. Además, se trabaja con secretarías de movilidad estatales para reforzar protocolos de atención en el transporte público.
Las autoridades destacaron que este esfuerzo ocurre en un contexto en el que 70.1% de las mexicanas de 15 años y más ha sufrido algún tipo de violencia. También anunciaron campañas permanentes de prevención y la firma de diez compromisos por parte de todos los gobernadores del país para fortalecer la protección de las mujeres.
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