El objetivo es impulsar reformas legales y administrativas al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, ya que el cumplimiento alimentario no es un favor, sino un deber ético y legal, dijo el senador Agustín Dorantes
En las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro, se llevó a cabo la firma de la “Agenda conjunta por la alimentación de niñas, niños y adolescentes”, que tiene como finalidad impulsar las reformas legales y administrativas al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).
El senador Agustín Dorantes Lámbarri aseveró que el incumplimiento alimentario constituye una forma de violencia contra la niñez. Explicó que el impulso de una agenda legislativa federal busca armonizar las leyes locales, exigir constancias de no adeudo en trámites administrativos y reducir los plazos para inscribir a deudores, con el fin de reafirmar que el cumplimiento alimentario no es un favor, sino un deber ético y legal.
“En Querétaro miles de familias enfrentan esto todos los días y tenemos juzgados que están recibiendo cientos de casos al año y cada uno representa una realidad de una niña o niño que podría estar sin lo esencial para poder estar feliz, para poder crecer sanamente”, enfatizó.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, informó que buscarán que, en la siguiente presentación de su declaración patrimonial, los trabajadores del Poder Judicial del Estado Querétaro entreguen su constancia de no adeudo en RNOA.
“Esto de manera que quienes trabajen en esta institución, todos tengan y tengamos constancia de que en el Poder Judicial del Estado Querétaro no existan personas deudoras alimentarias, de la mano con la propuesta que empuja el senador”, confirmó.
El decálogo de acciones de la agenda, contempla: garantizar la eficacia del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; condicionar trámites administrativos a la constancia de no inscripción; coordinar marcos legales estatales y federales para que el registro tenga plena aplicación y evite vacíos legales que obstaculicen su operación; actualizar periódicamente el registro; ofrecer asesoría jurídica accesible; impulsar compromisos institucionales y empresariales; fomentar la participación de las infancias y construir una cultura de corresponsabilidad social.
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