El diputado federal alertó que el gravamen del 17.09% al jitomate tendrá repercusiones para los productores mexicanos, así como para los consumidores y pequeños negocios en EUA
Ante el anuncio del Departamento de Comercio de Estados Unidos del fin del Acuerdo de Suspensión de 2019 sobre jitomates frescos provenientes de México, que implica la imposición inmediata de un arancel antidumping del 17.09 por ciento a la mayoría de las importaciones del país de este fruto, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que esta medida tendrá repercusiones no solo para los productores mexicanos, sino también para los consumidores y pequeños negocios en Estados Unidos.
“Dos de cada tres tomates que se consumen en Estados Unidos son cultivados en México. Este arancel podría afectar la competitividad de ambas economías y encarecer alimentos básicos para millones de familias”, alertó. Agregó que México ha sido un socio estratégico y comprometido con los acuerdos comerciales: "Confiamos en que el diálogo y la diplomacia permitan alcanzar una solución que salvaguarde los intereses de productores y consumidores en ambos países”.
Cabe señalar que el comercio bilateral de jitomate representa un mercado de más de 2 mil millones de dólares anuales y del cual dependen miles de productores en México y Estados Unidos.
Por lo que proyecciones de especialistas indican que la imposición de aranceles podría elevar los precios al consumidor hasta en un 10 por ciento y reducir la demanda en cerca de un 5 por ciento, impactando a pequeños negocios y cadenas de suministro estadounidense. En tanto, un estudio de la Universidad de Texas A&M estima que la medida podría implicar un costo económico para EUA de hasta 8 mil 330 millones de dólares.
Es de destacar que, la cadena de suministro del jitomate mexicano sostiene más de 46 mil empleos directos e indirectos en sectores clave como el comercio minorista, la distribución mayorista y el transporte. De ahí la importancia del impacto de este gravamen subrayó el legislador, ya que “puede tener efectos no deseados en comunidades que dependen de esta actividad económica”.
Ramírez Cuéllar agregó que el gobierno mexicano, a través de las secretarías de Agricultura y Economía, sostiene mesas de trabajo hasta el 1 de agosto, a fin de buscar una solución diplomática que evite mayores afectaciones al sector. Por ello, enfatizó la defensa de los productores para “preservar una integración económica beneficiosa para millones de trabajadores y familias en América del Norte".
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