miércoles, 27 de agosto de 2025

Persecución disfrazada

Persecución disfrazada

Hace unos días, la escritora Sabina Berman, integrante de esta nueva élite de intelectuales orgánicos del nuevo régimen, tuvo una triste ocurrencia.

Se atrevió a decir que debe castigarse a la “prensa que se porta mal”.

Ciertamente la señora no miente cuando habla de que muchas personas desde los medios de prensa se dedican a ofender y acusar al actual gobierno, basándose solo en su percepción de una parte de la realidad.

Es cierto: muchas personas que tienen espacios en la prensa, radio, TV y medios digitales usan estas plataformas para mentir, ofender y discriminar a diversos personajes, especialmente a quienes forman parte del grupo que gobierna el país.

Claro que quienes usan los medios para denostar a quien se les antoje, en su mayoría no son periodistas, sino personas opinadoras, sin criterios de verificación, documentación y confirmación de hechos y datos; solo opinan.

En este espacio he reiterado constantemente que el derecho a la libertad de expresión no es ni puede ser un permiso anticipado para acusar en falso, descalificar ni ofender; el derecho a la libertad de expresión encuentra sus límites en los otros derechos.

Y aunque todas las personas tienen el derecho de contar con herramientas y recursos para defenderse de quienes usan los medios para atacarlas sin sentido, ahora vemos que las pieles son cada vez más delgadas y los aparatos del Estado están favoreciendo el uso de las propias leyes para vulnerar y violentar un derecho fundamental como la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo profesional.

La organización de derechos humanos Artículo 19 presentó un informe en el que documenta el acoso judicial en contra de medios y periodistas. De acuerdo con el reporte “Las leyes como mecanismo de censura”, Del 1 de enero al 31 de julio de 2025, “se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo, uno cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Los casos más preocupantes son los que hemos mencionado de medios y periodistas en meses recientes. Dos recursos legítimos y necesarios para evitar la violencia política en razón de género y la violencia digital contra las mujeres, que son utilizados de manera facciosa para perseguir el periodismo libre, el periodismo profesional que documenta y difunde casos de corrupción y de excesos desde el poder.

Y ante esta andanada, el propio gobierno mexicano ha sido cómplice y hasta impulsor de acciones legales contra periodistas, y aunque los que se autodenominan integrantes de la Cuarta Transformación lo nieguen, resultaron peores que los autoritarios y censuradores del PRI y el PAN.

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*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Conduce el programa “Expedientes MN”, que se transmite los viernes a las 18:10 h, por la cadena de Meganoticias 

Dicen comprometerse a proteger a periodistas





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